Noviembre 24, 2011 — 07:19 am
Nota del Autor: Me sumo con alegría a la discusión que NextBillion y Ashoka pusieron en marcha con la serie Viviendas para Todos. Chile, es cobre y poesía, y tiene también la tradición de un siglo de políticas públicas para la vivienda y el urbanismo. En el presente artículo describo y analizo las claves de estas políticas y su impacto en reducción del déficit habitacional y el desarrollo humano. Agradezco a Tanya Jairaj y Shival Pawria de Ashoka India y María Fonseca de Ashoka Cono Sur por el contacto para comprender la ambiciosa meta que persigue Vivienda para todos.
Un poco de contexto
Durante las últimas tres décadas, 2 de cada 3 viviendas en Chile fueron construídas con financiamiento total o parcial de subsidios estatales. En su período peak, entre el 2004 y 2008 se construyeron aproximadamente 150.000 viviendas nuevas cada año y de ellas, al menos 100.000, fueron edificadas bajo algún programa habitacional subsidiado.
Tras casi 40 años de implementación, el subsidio habitacional es en la actualidad, el principal instrumento de la política de vivienda del Estado, beneficiando de modo inversamente proporcional al monto de la vivienda a subsidiar, a personas y familias pobres y de ingresos medios. Esto es, las familias pobres hasta el segundo quintil de ingresos pueden, aportando un ahorro mínimo cercano a los USD 440, recibir subsidios de hasta USD 28.000, no reembolsable, por una vivienda definitiva de 42 metros cuadrados totalmente urbanizada. Los sectores emergentes y medios, quintiles III y IV deben aportar entre USD 1.300 y 2.200 para recibir subsidios de hasta USD 22.000 y 8.800 respectivamente.
Las familias de los cuatro primeros quintiles de ingreso, de la ciudad o zonas rurales, pueden optar a adquirir una vivienda nueva, construir una en su sitio (demoliendo la antigua si no cumpliera estándares), densificar en un sitio que existen construcciones o, adquirir una usada. El programa más masivo, conocido hasta la fecha como Fondo Solidario de Vivienda - FSV- ha exigido a los postulantes agruparse en organizaciones de mínimo 10 y máximo 300 familias. Luego piden la asistencia técnica de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social - Egis- (privados o municipios), juntos buscan terrenos si se trata de loteos, y una empresa constructora que desee participar del proyecto. Diseñado el proyecto en aspectos técnicos, presupuestarios, sociales y legales, se ingresa al Ministerio de Vivienda para postular en un concurso que dirime a quienes obtendrán el beneficio. La calificación de vulnerabilidad es hecha a partir de una Ficha de Protección Social que segmenta a las familias según ingresos, salud, educación y carencias de diversos tipos.
Desde hace 5 años, opera una nueva variedad de subsidios, dirigidos a ampliar o mejorar la vivienda y su entorno. Estos nuevos beneficios son conocidos como Programa de Protección del Patrimonio Familiar - PPPF-, beneficiando en ese período a 250.000 personas, que en un 60% los utilizan para mejorar aspectos como techumbre, revestimientos, aislamiento térmica, instalaciones eléctricas o sanitarias, evitando así la obsolescencia del parque habitacional y resguardando el patrimonio, al evitar la depreciación de las propiedades, mejorando a la vez, la calidad de vida de sus habitantes.
Liderado por la acción estatal, se ha consolidado un sistema público-privado que tiene al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo como entidad normativa, financista y supervisora; a los usuarios como interesados individuales o agrupados en organizaciones formalmente constituídas, provistos de ahorros personales; a las empresas constructoras, como materializadores de las obras financiadas según el estado de avances de éstas, hasta en 5 pagos; a las EGIS como habilitadores de la demanda y asistencia técnica, y al sistema financiero (bancos, cajas de compensación, compañías de seguro y cooperativas) como complemento hipotecario para sectores medios y emergentes.
De este modo, el sector vivienda ha sido central en el mejoramiento del Indice de Desarrollo Humano en el país, no obstante haber contribuído también, a la generación de desigualdades territoriales y sociales, producto de su foco "viviendista" que no consideró durante largos años, factores urbanísticos. Es que tras el término de la dictadura militar, los gobiernos democráticos han debido enfrentar con audacia y no sin tropiezos, un déficit habitacional cercano a 2 millones de casas hacia 1990; un rediseño financiero, programático e institucional y una dramática disminución de los suelos disponibles, con la consiguiente alza de sus precios.
Al menos tres son las variables que explican esta capacidad para generar y sostener las políticas del sector:
a) la tradición de más de un siglo del sector vivienda, que desde 1906 con la promulgación de la ley para crear los Consejos de Habitaciones Obreras y posteriormente, con la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo - MINVU- en 1965, ha consolidado una institucionalidad moderna y efectiva;
b) la permanencia de un Estado subsidiario, que si bien fue instaurado bajo régimen de fuerza, ha sido consensuado y profundizado en democracia, optimizando la focalización de los programas hacia los segmentos con mayores vulnerabilidades y mejorando sus procesos financieros, programáticos e institucionales, no sin tensiones ideológicas por el rol del mercado y Estado.
c) la existencia y maduración de una industria inmobiliaria que cuenta con una amplia oferta para los distintos segmentos, organizada en la Cámara Chilena de la Construcción, que permite conciliar aspectos de mercado y políticas públicas, innovar en productos y modelos de negocios y representar los intereses del sector con fuerza y claridad en el diseño e implementación de dichas políticas.
Políticas Habitacionales de Tercera Generación
Los especialistas chilenos estiman que actualmente estaríamos frente a políticas habitacionales de tercera generación, distinguiendo que las primeras habrían operado entre 1978 y 1999, es decir entre la puesta en marcha del sistema de subsidios y el período de transición democrática, con foco en emergencias y precariedad habitacional. Las segundas, hasta el año 2006, habiendo privilegiado la cantidad para mitigar el amplio déficit habitacional, enfrentado una crisis de calidad que cuestionó el sistema, resolviendo esa crisis con acciones compensatorias y de mayor integralidad para conciliar los temas urbanísticos y habitacionales.
La tercera generación de políticas habitacionales en curso, tiene un enfoque redistributivo, centrado en la calidad (con estándares técnicos mínimos y fuerte fiscalización sobre el trabajo constructivo), cantidad (al menos 600.000 soluciones para períodos presidenciales de 4 años) y en la integralidad, observando la planificación territorial, la trama urbana y desarrollo social y cultural de los habitantes de conjunto de viviendas sociales.
Más allá del cobre o los premios Nobel de poesía, Chile puede ser también distinguido por su capacidad como sociedad, para sostener por más de un siglo procesos y políticas habitacionales que le han permitido mejorar el desarrollo humano de sus habitantes, habiendo en las últimas décadas reducido dramáticamente el déficit de viviendas, llegando incluso a hacer que el stock de éstas haya crecido por sobre el promedio de la población, y detener gradualmente el deterioro del parque habitacional más antiguo.
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